sábado, 10 de octubre de 2015

Reglas del FPV en el Municipio


Relaciones laborales en el Municipio de La Costa.


El 24 de septiembre del 2015 la comunidad del partido de La Costa, zona sur, fue conmovida por un hecho sin precedentes.

La Delegación Municipal de Mar de Ajó Norte fue ocupada por Juan Carlos López, empleado municipal con 28 años de servicio, miembro de planta permanente, que amenazó quemarse vivo si pretendieran sacarlo por la fuerza; reclamó la recuperación de horas extras y premios de las que fue (según afirma) arbitrariamente excluido por decisión del delegado regional Ruiz y exigió una negociación directa con el intendente para la solución del conflicto.
Este conflicto quedó fielmente reflejado en el documento periodístico de Eduardo Arias quien logró reportear a J.C López “in situ”, cuando se encontraba solo en la delegación rodeado por 8 patrulleros y gran cantidad de curiosos.
Agradecemos a Eduardo Arias su autorización para la reproducción del audio.



Tras activas gestiones con el comisario y otras autoridades, López desistió de su actitud y fue conducido a la seccional pertinente en calidad de detenido, ignorándose la carátula de la actuación judicial.

Simultáneamente con la resolución del caso de Mar de Ajó Norte, salta a la luz un reclamo parecido en la Delegación de La Lucila. Si bien pareciera que la causa originaria fuera diferente, otro empleado municipal presenta su queja sobre los magros salarios, el maltrato de los trabajadores, las arbitrariedades de los delegados y el uso indiscriminado de la exclusión de beneficios (horas extras, bonificaciones, etc.) como coacción. 
Paula Scholl, La Posta de La Costa logró dialogar con Lola la esposa del empleado municipal.




Comparativamente con el caso López no se perciben grandes diferencias en el trato de los empleados municipales aunque en este caso se atribuye a diferencias en partidismo político, ya que se justificaron las sanciones por la militancia de su esposa Lola en las filas de “Cotoco” García.

Lola describe con precisión las irregularidades laborales en las que se incurre cotidianamente; no sólo en la distribución del trabajo sino en los “arreglos” particulares de una pequeña camarilla que disfruta de un salario inmerecido. Cobrar unas 80 “horas extras” por disfrutar del asado sabatino vendría a ser uno de los premios mayores del régimen laboral.
Carencia de cobertura social, de ART, de servicios médicos adecuados así como desarrollar tareas poniendo en riesgo la integridad física cuando se desplazan obreros en palas mecánicas o conducir vehículos de gran porte “flojos de papeles” sin patente  ni seguro, son habituales y considerados como  práctica corriente y “normal”.


La comunidad estaba atenta, algunos tenían la expectativa de que estos dos hechos fueran la exteriorización de la reacción necesaria para corregir estas inconductas administrativas. Fue en vano, la exteriorización de estos conflictos fue sólo una pequeña crisis convulsiva en una sociedad muy enferma.

No se presentaron más reclamos ni se alzaron voces en esta comunidad, sólo los quejosos fueron quienes se movieron un poco; en el caso de López se le abrió una causa penal por ocupación de la Delegación de Mar de Ajó Norte.




El 09/10/2015 nos comunicamos nuevamente con J.C. López; nos confirmó que la Municipalidad lo había suspendido por su actitud durante un mes.
López aclara que sigue desempeñando sus tareas con normalidad, que ignora si la suspensión implica un descuento salarial.
Esto es el súmmum total, se puede aburrir por la cantidad de anormalidades en el tratamiento del tema:

  • Si una persona amenaza con suicidarse en público, ante múltiples testigos, requiere imperiosamente se le evalúe psiquiátricamente; debe asegurársele la vida y a sus relaciones.
  • Podrá abrirse una causa penal, pero ésta estaría condicionada al informe psiquiátrico pertinente.
  • Un empleado suspendido no debe trabajar.
  • Se le debe comunicar la suspensión fehacientemente, advirtiéndole que se descontará parte del sueldo y que el problema quedará registrado en su legajo.

En la misma charla de confirmación logramos hablar con Cristian, otro destajista que fue despedido en el mes de marzo luego de haber prestado servicio en el Municipio durante 2 años en Mar de Ajó Norte.
Su sueldo osciló entre 2100- 2500 $, nunca fue beneficiado por horas extras. Fue sancionado con la prestación de servicio en San Bernardo (aparentemente funciona como destino de castigo “La Siberia”). Ante su negativa e intento de reincorporarse en Mar de Ajó fue expulsado  con amenazas de castigo físico.

Esta síntesis de tres experiencias demuestra que los procedimientos “correctivos” son práctica habitual en el distrito, la violación de los derechos y legislación laborales algo cotidiano que da la sensación que este municipio es un feudo propiamente dicho, con códigos, normas y castigos particulares muy alejados de la constitución y leyes argentinas.


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